Carroll Ríos de Rodríguez
Cambiar la estructura de los incentivos es clave.
Combatir la corrupción es una promesa hecha por el presidente Pérez Molina, tanto en campaña como en su discurso de toma de posesión. Incluso ofreció formar una secretaría presidencial que controlará el gasto público y asegurará una gestión transparente.
Así, hace eco de una generalizada preocupación: por años, hemos medido el fenómeno, discutido su solución e implantando remedios con resultados mixtos. Transparencia Internacional ha tabulado anualmente el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) por más de una década. Nuestra nota más alta es 3.2 de 10: reprobamos. En 2006, Guatemala fue sede de la 12ª. Conferencia Internacional Anticorrupción; los presidentes de la región firmaron una declaración para liberarnos de la depravación. Hemos visto diversas iniciativas para transparentar la gestión pública, como el Sistema Integrado de Administración Financiera y Control SIAF-SAG, Guatecompras y otros. Luego, ¿en qué fallamos?
Solemos excusarnos, diciendo que escasean los políticos probos o la voluntad política, las leyes buenas o los recursos financieros. Sabemos, no obstante, que debemos escarbar más hondo. Por eso, suena profético un documento de las Naciones Unidas (1999): “En los quince países que han asumido el esfuerzo de reforma [Guatemala incluida], un Estado de Derecho inadecuado podría resultar ser el obstáculo crítico al progreso. Este es particularmente el caso de América Latina y África donde se estima que muchos países requieren entre diez y quince años de trabajo intensivo antes de lograr establecer un Estado de Derecho efectivo.” (http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/cicp2.pdf)
Transcurridos 13 años desde esa publicación, reconocemos que Guatemala no efectuó el “trabajo intensivo” para establecer un verdadero Estado de Derecho. Concretamente, el reporte aconseja no sólo reaccionar al acto deshonesto, sino prevenir, cambiando las reglas del juego. Cambiar la estructura de los incentivos es clave. Entre otras cosas, se recomienda reducir la discrecionalidad en manos de quienes ostentan el poder, derogar leyes engorrosas que enturbian los procedimientos administrativos, descentralizar, y simplificar los trámites y los impuestos. Además, sugiere que los medios de comunicación y los ciudadanos ejerzan presión y se conviertan en fiscalizadores.
Esta estrategia es constructiva pero no basta, según otro autor, Mushtaq H. Khan. Los países en desarrollo deben también luchar contra la precariedad de los derechos de propiedad y un Estado predatorio. Cuando el Estado de Derecho y la institucionalidad son débiles, cuando se vive la incertidumbre y el cortoplacismo, entonces los funcionarios pueden asumir una postura confiscatoria respecto de los ciudadanos. Prevalece el clientelismo (rent-seeking) que resta certeza a los derechos de propiedad, arraigando la corrupción y contribuyendo a la pobreza. Los gobiernos usualmente no emprenden una reforma tan radical y comprensiva como la requerida para atacar este nivel de corrupción, pero es ineludible para obtener una transformación sustancial.
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo 21", el día miércoles 18 de enero 2012.
