Verónica Spross de Rivera
Al inicio de la nueva administración se hace muy necesario evaluar el gasto público con el fin de mejorar su calidad. Se han encontrado distorsiones y problemas de corrupción, especialmente en los gastos realizados por los fondos y programas sociales que hacen urgente mejorar la forma como se asignan los recursos fiscales y no fiscales del Gobierno.
En cuanto a la deuda flotante del Ministerio de Comunicaciones, es necesario revisarla desde el punto de vista legal, pues analistas han indicado que es ilegal hacer contrataciones, sin respaldo presupuestario. Aunque hay una deuda que supera los 6 mil millones muchas de las contrataciones se realizaron aun sabiendo que no existía una disponibilidad presupuestaria para poder cumplir con los compromisos.
La aprobación reciente del Ministerio de Desarrollo implica que los programas sociales se estarían institucionalizando en una entidad que será responsable de rendir cuentas y dar resultados. Pero, los desafíos de cambiar la forma como se priorizaba a los beneficiarios, el cumplimiento de corresponsabilidades y la revisión del gasto administrativo por el alto número de personas que laboraban para los programas sociales con un objetivo clientelar se convierten en una prioridad nacional. En todo caso debe limitarse el crecimiento del programa y focalizarlo en familias de extrema pobreza, con un sistema de selección de beneficiarios adecuado.
La realidad del país nos lleva a tener que establecer claras prioridades para el gasto público. En todo momento los recursos fiscales son escasos. Siempre habrá mayores necesidades que recursos disponibles para satisfacerlas. Esta es una premisa fundamental en la disciplina económica. Nuevamente se da inicio a una discusión sobre una reforma fiscal; sin embargo, debe tomarse en cuenta que los recursos que se toman de las familias y las empresas constituyen una reducción en el consumo y en la inversión. Esta condición genera el imperativo moral de gastar bien los recursos captados a través de los impuestos. Por ello, antes de pensar en reformas fiscales es necesario avanzar en los procedimientos para mejorar la calidad del gasto y la priorización de los programas de Gobierno.
El sector justicia tiene siempre la necesidad de revisar el presupuesto requerido para operar, pues la promesa de reducir la delincuencia y el crimen requerirá recursos para lograrlo. Deben priorizarse los recursos necesarios para el fortalecimiento de la policía, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario. Además, el plan de Gobierno prioriza asimismo el combate a la desnutrición, el mejoramiento de la educación y del sistema de salud.
En educación debe priorizarse la entrega de los recursos de los programas de apoyo a las escuelas. No deberán faltar fondos para la alimentación escolar, los libros de texto, los útiles escolares y los materiales didácticos de apoyo a los maestros. La asignación de recursos para capacitación y actualización docente también es fundamental. El fortalecimiento de la educación secundaria es necesaria y urgente para dar más oportunidades de adquirir las competencias para la vida a los jóvenes, muchos de quienes hoy no están preparados para un empleo.
En conclusión, deberá hacerse un trabajo de revisión de los programas de todos los ministerios y entidades de Gobierno, los que resulten innecesarios o carentes de resultados deberían ser replanteados o eliminados. Segeplan debe asumir su liderazgo en cuanto a la vigencia del sistema nacional de inversión pública, para que todo proyecto sea sometido a un proceso técnico de evaluación de proyectos. Retomar el Pacto Fiscal implica ante todo el mejoramiento en la calidad del gasto público.
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo 21", el día miércoles 25 de enero 2012.
