JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO
El presidente Colom volvió a aumentar, arbitrariamente, el salario mínimo un 7 por ciento. Ahora se dio el lujo de desoír las recomendaciones de la Comisión Nacional del Salario (CNS) y se tiró un incremento mayor al sugerido. Acostumbrado a repartir lo que no es suyo, el presidente se despide con un aumento que preserva su otro legado: el desempleo. Dijo el presidente Colom que “el año cierra con buenos números” y así justificó subir, de nuevo, el salario mínimo. Efectivamente, la economía creció más en el 2011 de lo que creció en el 2010 y ello benefició también a los asalariados.
La SAT muestra un aumento del 16 por ciento en la recaudación del ISR de personas individuales; quizás producto de más trabajadores con mejores sueldos. El problema es que esos son los que tienen un trabajo; pero el presidente desconoce la realidad económica de los desempleados. Un salario mínimo superior a la capacidad de producción de las personas las condena a no encontrar un empleo.
¿Quién paga el salario mínimo? Únicamente los empleadores con suficiente inversión de capital como para que sus trabajadores produzcan más que dicho salario, y ¿quién puede recibir un salario mínimo? Solamente los trabajadores con la productividad suficiente para justificar ganar ese monto. Si ambas cosas no ocurren simultáneamente habrá desempleo e informalidad. Eso es, precisamente, la penosa situación de la mayoría de guatemaltecos que, decreto o no, no ganan ni el salario mínimo.
En las calles se ven personas que venden mercadería. Se ha preguntado alguna vez ¿por qué están trabajando allí y no en una empresa? Fundamentalmente, porque el Gobierno ha decretado que deben ganar Q68 diarios o Q2 mil 40 al mes. Puede que no le suene a mucho, pero si la persona no demuestra ese nivel de productividad, simplemente no es empleable. Quizás algunos de ellos estarían dispuestos a trabajar en una empresa por menos, pero tampoco se puede porque es ilegal. Así es como los trabajadores más pobres quedan marginados por una disposición gubernamental que los condena a no encontrar un empleo formal.
El salario mínimo es una ley que perjudica a los más pobres y los mantiene en la informalidad. Eso no parece preocupar a los políticos quienes son especialistas en evadir la responsabilidad de sus equivocadas medidas económicas. Sin embargo, la realidad es inocultable. Si en Guatemala hay subempleo y desempleo, es, en buena medida, porque es ilegal pagar una remuneración menor al salario mínimo. Aún así, los chapines se las arreglan para intentar salir adelante. La informalidad no es su culpa. Es consecuencia de una regulación que no refleja la realidad económica de Guatemala.
El vicio del salario mínimo se reproduce en todos los países del mundo, en donde los gobernantes creen que engañan a los ciudadanos con dicha medida populista. Aparentemente lo logran porque año con año insisten en el error. Por ello es tan importante que la población conozca la verdad de tan equivocada medida y presione para que no sean los más pobres quienes paguen las consecuencias de la demagogia del presidente de turno.
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día martes 10 de enero 2012
